El Gobierno expresó este viernes su preocupación por el incremento de los enfrentamientos entre varias bandas criminales, especialmente el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, en el departamento de Córdoba.

"Lamentablemente la alerta temprana que ha entregado la Defensoría del Pueblo para los municipios del sur de Córdoba es preocupante por el enfrentamiento de grupos armados ilegales, específicamente las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) y las FARC en disidencia", dijo a periodistas la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, después de reunirse con líderes sociales en el municipio de Montelíbano.

La ministra aseguró que las denuncias recibidas de parte de la población de la zona son "muy delicadas" y explicó que se llevará la información compilada a Bogotá, donde espera "la actuación de todas las entidades del Estado en conjunto".

En este sentido, afirmó que el Gobierno ha adquirido "varios compromisos", especialmente a través de "la implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial".

El sur del departamento de Córdoba juega un rol fundamental por su ubicación en las rutas del narcotráfico hacia el mar Caribe y también en las interconexiones con el Catatumbo, una convulsa región fronteriza con Venezuela en la que se produce buena parte de la coca del país.

Como parte de las reuniones con la comunidad, Gutiérrez explicó que enviarán propuestas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) "frente a la posibilidad de mirar unos temas de protección colectiva".

Precisamente, una de las personas que tomó la palabra durante la reunión fue Audibeth Diz, integrante del cabildo indígena de Planada Villeros, que forma parte del municipio de San Antero.

Según denunció ante la ministra, el 6 de marzo pasado dos miembros de su comunidad fueron secuestrados por un grupo de hombres desconocidos y armados con fusiles.

Al día siguiente otros indígenas encontraron sus cuerpos, lo que para Diz, según le dijo a la ministra, es una prueba más del miedo con que viven en su comunidad, donde salir a la calle cuando cae la noche está vetado.

Tras escuchar su historia, Gutiérrez pidió a la UNP que estudie el caso para poner en marcha medidas de protección colectiva.

Entre quienes expusieron sus casos a la ministra, varios reclamaron que cesen las persecuciones contra los líderes sociales.

Varios líderes religiosos denunciaron también que incluso a las puertas de las iglesias se está llamando a la violencia.

El más contundente al tomar la palabra fue el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, quien afirmó que en la zona del sur de Córdoba existe un "grave irrespeto por el derecho a la vida".

Calero se mostró particularmente sorprendido por este repunte de la violencia, especialmente después de que las FARC dejaran las armas y denunció que la situación que se vive "es terrible" en la región.

Según advirtió, "existe un grave desprecio a la vida" que puede verse en que "hasta las iglesias sufren el asedio" de la violencia.

EFE